miércoles, 1 de octubre de 2014

Plan de desestabilización (BAJO FUEGO)



  

   José Antonio Rivera Rosales

   Aunque el título pareciera irónico, porque más inestable Guerrero no puede estar, en realidad alude a una posible profundización de la violencia que podría degenerar fácilmente en anarquía.

   Los hechos ocurridos en Iguala los días previos sólo nos confirman un proceso de descomposición anunciado desde hace tiempo, al que no son ajenos los partidos políticos: fueron las dirigencias cupulares las que abrieron la puerta a candidatos delincuentes, carentes de trayectoria partidista y/o social, cuyo mayor atractivo era el capital disponible para apuntalar las campañas. Claro que ese capital provenía del narco.

   Ocurrida la tragedia de Iguala, en la que los jóvenes normalistas de Ayotzinapa así como otros civiles inocentes sufrieron irracionales ataques de la más irracional aún Policía Preventiva de ese municipio de la Zona Norte, es necesario hacer un balance obligado cuyas conclusiones nos conducen a un estado lacerante de preocupación.

   Los antecedentes nos remiten en principio, como ya dijimos, a las dirigencias de los partidos políticos.

   Primero habrá que dejar en claro que el delincuente que despachaba como alcalde de Iguala (pidió licencia al cargo hoy), fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el padrinazgo del actual diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, cabeza de la corriente Nueva Izquierda en Guerrero. Por cierto, resulta inadmisible que, pese a la gravedad de los acontecimientos, este individuo aún salga a ofrecer su respaldo público al ahora ex alcalde José Luis Abarca Velázquez.

   Un caso similar se produjo en las filas de Acción Nacional (PAN), donde el dirigente estatal Andrés Bahena Montero patrocinó a Elizabeth Paz Gutiérrez, una persona carente de trayectoria política o social, quien terminó desplazando a Nelly Pastrana, la candidata natural, en la postulación panista a Tierra Colorada. A posteriori este líder panista terminó desconocido por sus propios compañeros debido a la desaparición de algunos millones de pesos de los fondos partidistas. Sería lamentable que el homicidio del secretario general Braulio Zaragoza Maganda, ocurrido en la víspera, tuviera su origen en ese diferendo.

   Un caso más es el del diputado priista Ólaguer Hernández, cuyos vínculos con la delincuencia nunca preocuparon a la dirigencia del Revolucionario Institucional (PRI), que desoyó las advertencias con las consecuencias ya conocidas. Ahora es un diputado orgullosamente priista secuestrado en fecha reciente por un grupo delictivo que le reclama favores antes concedidos.

   Pero en Iguala los acontecimientos se abalanzaron vertiginosamente dejando al descubierto el rostro oscuro de los intereses siempre sospechados por la ciudadanía.

   El 30 de junio del año pasado dirigentes de la Unidad Popular de Iguala, encabezados por Arturo Hernández Cardona, fueron secuestrados por un comando armado que se los llevó con rumbo desconocido. Días después tres de ellos aparecieron muertos y con rastros de tortura.

   Un sobreviviente informaría públicamente después, en testimonio notariado, que fue el mismísimo alcalde el que personalmente disparó contra Hernández Cardona.

   Es de mencionar, además, que ya desde entonces habían ocurrido conflictos entre el ayuntamiento de Iguala y los normalistas de Ayotzinapa que se aventuraban a esa ciudad a hacer de las suyas.

  Después, el 2 de julio de este año, tres militantes del PRD se trasladaron a esa jurisdicción a cumplir con un supuesto contrato de trabajo.  Se trataba de Alberto Zaragoza Ocampo, Miguel Antonino Navarrete y Raúl Vázquez Zamora.

   Trascendidos confiables indican que en realidad esos jóvenes integrarían una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que incursionaría en Iguala para hacer algún tipo de trabajo de construcción política.

Pero los jóvenes guerrilleros fueron interceptados por un grupo delictivo de esa región que los secuestró y los asesinó. Se trataría del mismo grupo delictivo al servicio del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez y de su esposa María de los Ángeles Pineda.

   La incursión de los normalistas en su territorio el pasado viernes 26 pareció ser la gota que derramó el vaso del ex munícipe que, pese a haber negado su responsabilidad, resulta obvio que fue quien dio las órdenes a los policías municipales para actuar como perros rabiosos contra los normalistas de Ayotzinapa.

   Con el fin de evadir su responsabilidad, el ex edil se escudó en el mecanismo del Mando Único para sugerir que los uniformados acataron órdenes del Gobierno del Estado. Muy puntual, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, se apresuró a dejar en claro que en Iguala ni siquiera ha iniciado la transición hacia el Mando Único, lo que significa lisa y llanamente que fueron el propio ex edil y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Abarca, quienes giraron esas órdenes funestas, en aparente actitud de venganza contra el movimiento social.

   Es por ello que no sólo resultan estúpidas y aberrantes, sino mal intencionadas, las versiones de prensa que imputan la autoría de las órdenes al gobierno de Ángel Aguirre Rivero quien, con mayor razón, está obligado a aplicar la ley sin cortapisas, caiga quien caiga. Porque parece obvio que hay algunos núcleos empecinados en echarlo del poder aprovechando la incidencia surgida en Iguala. 

   Los ataques del viernes 26 contra los normalistas y los demás civiles -hubo disparos indiscriminados contra vehículos particulares-, procedentes tanto de los uniformados como de civiles armados vestidos de negro, ostentan todas las características de un acto de terrorismo.

   Así las cosas, lo que tenemos enfrente es una peligrosa mezcla de enemistades entre el narco, la guerrilla y el movimiento social, que podrían dar la pauta para la intervención de otros factores que, a partir de la fecha emblemática del 2 de octubre, nos conducirían a una situación de ingobernabilidad.


   De ser así, en la línea de esta interpretación de las cosas, pronto tendremos enfrentamientos entre núcleos armados, salpicados de actos de vandalismo y sabotaje que afectarán principalmente a la ciudadanía. Por eso es urgente que el gobierno estatal, con el auxilio del federal, promueva una aplicación de la justicia transparente y expedita. De lo contrario…

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